Difusos intereses públicos

Lo de los jueces andaluces que han permitido objetar la Educación para la Ciudadanía es de manual: no sé si de anarquismo (lo cual no dejaría de ser aún más sospechoso, tratándose de jueces), o de copeintegrismo (mucho más probable). En cualquier caso expresa la rebelión de poderes no democráticos (padres y jueces) contra el poder democrático expresado en el ejecutivo a través del legislativo. Espero que esa aberración no quede impune cuando -espero- llegue a las más altas instancias.

Pero no por eso deja de generarme un déjà vu que se repite una y otra vez: si el Ejecutivo (nacional y regionales) hubiese encomendado la base, el núcleo duro de esa Educación para la Ciudadanía, a quien tiene la capacidad de dilucidar en términos positivos cuáles son realmente los valores que expresan la ciudadanía, en nuestra sociedad y hoy (esto es, a laSociología), y no a los moralistas (cada cual predicador de su moral), no estaría pasando lo que está pasando con el tema. Sólo la Sociología tiene la capacidad (por su episteme, su método y sus técnicas) para establecer cúales son esos valores colectivos universales, a partir de los cuales cada orientación religiosa o secular debiera poder construir/adaptar sus contenidos sin posibilidad de contradicción con el núcleo duro de civilidad. Ese debiera haber sido el camino. Pero no ha sido así. Aunque, también es verdad, cuando de la propia Sociología se han apropiado economistas y filósofos, y ahora llaman Sociología a la Investigación de Mercados, o a la Metafísica, ¿por qué no ir directamente a los metafísicos? -se habrán dicho en el Ministerio de Educación.