según se deduce de la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que hoy publica la prensa regional. El asunto es simple: el Estado expropió para hacer una carretera, con 220.000 euros un campo de menos de 5.000 metros cuadrados calificado como suelo urbanizable (osea, campo-campo, que no contiene ni una peseta en inversiones previas de infraestructuras, ni de nada), lo cual ya es indicador de la vorágine en la que nos han ido metiendo (osea, vergonzoso). Los entretenedores-de-suelo-rústico de turno recurrieron (y qué van a hacer los pobres, que para eso tenemos una Ley del Suelo que otorga valor a terrenos que no lo tienen), y ahora los jueces han doblado el importe de la expopiación. ¡70 millones de pesetas por un huerto yermo!
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Y es que todo es una cadena. Los regidores locales prevarican. Si no los pillan, y consiguen prevaricar todo lo masivamente que se precisa para que se produzca el salto cuantitativo (un poco de marxismo aplicado nunca viene mal) los legisladores vendrán luego a adaptar las leyes para que los chanchullos puedan hacerse sin prevaricar, y pasen a ser negocios legítimos. Osea, legitiman col la ley el chanchullo. Y finalmente vienen los jueces, que convierten en sacrosanto el trapicheo hecho Ley. ¿Resolverá la nueva Ley del Suelo estas afrentas al bien común?
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